En la valla que tapa la entrada
de lo que hace años fueron los cines ABC Martí de Valencia, se han colocado
decenas de pegatinas con las palabras “QUIERO QUE VUELVA EL CINE AQUÍ” firmadas
por distintas personas.
Los cines ABC Martí eran muy
agradables y daban mucha vida al barrio. Pero un día, los dueños decidieron
cerrarlo, seguramente porque ya no era rentable. Mucha gente sintió el cierre.
Muchos pensamos que sería bonito que volviera a abrir una sala de cine en la
Avenida del Reino de Valencia.
Pero han pasado los años y el
edificio sigue cerrado. Eso sí, con un montón de pegatinas reclamando que
vuelva el cine.
Este hecho me sirve de ejemplo
sobre el tipo de sociedad que tenemos ahora en España y la mayoría de los
países civilizados. Lo que yo vengo en llamar “gritocracia”, es decir, el
gobierno de los que gritan.
Y es que si alguien quisiera que,
realmente, el cine volviera al local del antiguo ABC Martí, podía perfectamente
asociarse con otras personas para comprar el local, hacer unas obras de
acondicionamiento, pedir permisos y liciencias, contratar taquilleros y
acomodadores, negociar con las distribuidoras de cine y confiar en que
realmente mucha más gente está deseando ir al cine en el barrio y va a poder
vender suficientes entradas a un precio determinado como para pagar los gastos
fijos y variables de su inversión (eso si no quiere obtener beneficios).
Pero no. A casi nadie en su sano
juicio se le ocurriría hacer eso. Porque es una pesadilla de papeles, trámites,
tasas, licencias, tiempo perdido, problemas, peleas, estrés y demás.
Y, por supuesto, luego nadie te
garantiza el éxito de la empresa.
Es mucho más fácil organizarse
para protestar. Protestar para que “alguien”, normalmente el gobierno local,
autonómico, nacional o comunitario, obligue a otros, normalmente a los
legítimos propietarios del bien sobre el que se desea actuar, a que hagan con
su propio dinero lo que los gritócratas quieren.
Y así surgen las plataformas que
defienden barrios o parajes naturales. Que protestan por cómo se usan los
solares o los edificios o reclaman zonas verdes o el traslado de una actividad.
Muchas veces no obtienen lo que
quieren, pero casi siempre basta para fastidiar a los propietarios y dilatar
las soluciones hasta el infinito. Y, sobre todo, es mucho más barato y menos
arriesgado que intentar conseguir lo que se desea con medios propios.
Y encima le dan argumentos al
gobierno de turno para que actúe en pro del “sentir popular”.
